LOS PAPELES DE BÁRCENAS Y EL PARQUE NACIONAL DE GUADARRAMA

Foto: Ecologistas en Acción
Según Ecologistas en Acción, la delimitación del Parque Nacional de Guadarrama, con su extraño estrechamiento en el Puerto de Navacerrada, favoreció los intereses de altos cargos de la constructora Sacyr Vallehermoso que gestionan la estación de esquí de Navacerrada. Curiosamente, coinciden en los "papeles de Bárcenas" varios supuestos pagos de la constructora al PP con las decisiones de la Comuninad de Madrid de privatizar la estación de esquí, abrir una nueva pista y delimitar el nuevo parque nacional. Todas estas decisiones beneficiaron a los intereses económicos de los altos cargos en cuestión. 

Los papeles de Bárcenas y el Parque Nacional de Guadarrama

La delimitación del futuro Parque Nacional de Guadarrama es antinatural, según ha denunciado repetidamente Ecologistas en Acción. El estrechamiento en la zona del Puerto de Navacerrada parece obedecer a los intereses particulares de la estación de esquí de Navacerrada, gestionada por altos cargos de la constructora Sacyr Vallehermoso. Ahora se comprueba que podrían existir coincidencias temporales entre las actuaciones de la Comunidad de Madrid favoreciendo a la estación de esquí y los supuestos pagos del que fuera presidente de Sacyr Vallehermoso al Partido Popular.

La estación de esquí de Navacerrada fue propiedad de la empresa pública Deporte y Montaña SA hasta enero de 2007 cuando, gobernando Esperanza Aguirre, se vendió a una empresa vinculada a altos cargos de Sacyr Vallehermoso. Antes de esa fecha se registraron supuestos pagos de representantes de esa constructora, recogidos en los “papeles de Bárcenas” que parecen haber favorecido esa operación. El que fuera presidente de Sacyr Vallehermoso durante ese periodo, Luis Fernando del Rivero Asensio, ha sido llamado a declarar como imputado en la Audiencia Nacional en el marco de la querella presentada por Ecologistas en Acción y otros grupos.

El 23 de septiembre de 2004, Aguirre anunció por primera vez su intención de privatizar la gestión de la estación de esquí. Un día antes, el 22 de septiembre de 2004, según los papeles atribuidos a Luis Bárcenas, Rivero realizó un primer pago de 120.000 euros.
El 6 de noviembre de 2006, Rivero hace una segunda entrega de 60.000 euros. Mes y medio más tarde, el 22 de diciembre de 2006 se publica en el Boletín de la Comunidad de Madrid la convocatoria de subasta para la adjudicación de compraventa de la empresa pública Deporte y Montaña, S.A.

El 26 de enero de 2007, resulta adjudicataria la empresa Inversiones Río SL. El objeto social de esta empresa es la explotación de recursos minerales. La empresa estaba administrada solidariamente por Gonzalo García San Miguel y Rodríguez Alarcón y por Vicente Martín Abad, que eran Presidente y Secretario, respectivamente, de la empresa Cavosa, incluida en el grupo Sacyr Vallehermoso, especializada en excavaciones subterráneas.

En noviembre de 2007, una vez privatizada Deporte y Montaña SA, cambia su denominación por Puerto de Navacerrada Estación de Esquí SA. El administrador único de la nueva empresa es Invest Rio SL, una empresa inmobiliaria en cuyo órgano de administración están Fernando Lacadena Azpeitia, en ese momento Director General de Finanzas de Sacyr Vallehermoso y el ya mencionado, Gonzalo García San Miguel y Rodriguez Alarcón.

Por estas mismas fechas, el 8 de noviembre de 2007, Ecologistas en Acción denunció una de las actuaciones más impactantes realizadas por la estación de esquí, la apertura de una nueva pista alterando el perfil topográfico, colocando unos enormes paravientos y eliminando una superficie de unos 1.000 m2 de piornal, formación vegetal de montaña, incluida como hábitat prioritario en la Directiva europea. No existe ningún documento que acredite que en esa zona hubiera existido una pista de esquí con anterioridad. Sin embargo mes y medio más tarde, el 21 de diciembre de 2007, la denuncia fue archivada por la Consejería de Medio Ambiente, argumentando que la empresa se había limitado a rehabilitar una pista preexistente. Todo ello coincide con la tercera supuesta donación de Luis del Rivero, 200.000 euros el 14 de diciembre de 2007.

Once meses más tarde, en noviembre de 2008, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, hace pública la modificación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de Guadarrama permitiendo expresamente la unión de las estaciones de esquí de Navacerrada y Valdesquí. Lo más llamativo de esta decisión es que la propiedad de la estación de Valdesquí se opone frontalmente a esta unión, por tanto hay que deducir que solo beneficia a Navacerrada. Las alegaciones en contra nunca se contestaron. El responsable de estas últimas actuaciones fue Federico Ramos de Armas, en ese momento Director General del Medio Ambiente en Madrid y actual Secretario de Estado en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, donde desempeña un papel fundamental en la declaración del parque nacional.
Hasta aquí los hechos demuestran la tendencia de la Comunidad de Madrid a beneficiar a la estación de esquí de Navacerrada. Pero la declaración de un parque nacional resulta incompatible con instalaciones de estas características. Por ello sólo cabían dos alternativas, desmantelar la estación o evitar que quedara rodeada de terrenos declarados parque nacional. De ser así, la estación hubiera quedado como una isla o enclave, algo prohibido por la Ley de la Red de Parques Nacionales. Se ha optado por la segunda opción. A juicio de Ecologistas en Acción esta es la principal razón por la que el parque nacional cuenta con un estrangulamiento en su parte central que posiblemente hará inviable la sostenibilidad del nuevo espacio.

El ex presidente de Sacyr Vallehermoso prestará declaración el próximo día 28 de mayo en la Audiencia Nacional, de acuerdo a la providencia del juez Ruz en el marco de la investigaciones de los “papeles de Bárcenas”. Izquierda Unida, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción y otros grupos presentaron una querella para esclarecer la relación entre supuestas donaciones al PP y concesiones de infraestructuras y otras obras.

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