Existe un embrollo de normativas a 24 horas de la declaración del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama. Dentro del nuevo parque ya existen tres figuras de protección: Parque Natural de Peñalara (Madrid); Parque Regional de la Cuenca Alta de Manzanares (Madrid); Parque Natural Sierra de Guadarrama (Castilla Leon). Hasta ahora nadie ha aclarado qué pasará con estos tres espacios
protegidos ni con sus órganos de gestión y Ecologistas en Acción considera que "si la Ley de
declaración del Parque Nacional entra en vigor sin haberse
resuelto estas lagunas, el caos en la gestión de la Sierra de
Guadarrama estará asegurado".
Comunicado de EeA:
CAOS EN GUADARRAMA A 24 HORAS DE LA DECLARACIÓN DEL
PARQUE NACIONAL
El Senado votará pese al embrollo de normativas y la falta de
información sobre su gestión
El Senado dará mañana, martes, el visto bueno final a la
Ley de declaración del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama si se cumplen las previsiones. Veinticuatro horas
antes de que esto suceda, se desconoce todo sobre el proceso
de transición y sobre el futuro de los espacios protegidos
existentes actualmente. Además la miscelánea de normativas
diferentes a aplicar siembra serias dudas sobre la viabilidad
de gestión de la Sierra de Guadarrama. Ecologistas en Acción
lamenta el caos que generarán las diferentes administraciones
implicadas.
En el ámbito de lo que será el Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama, actualmente existen tres espacios protegidos. Dos
están en la Comunidad de Madrid, por un lado el Parque Natural
de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara y su Zona Periférica
de Protección y por otro el Parque Regional de la Cuenca Alta
del Manzanares. Un tercero se halla en Castilla y León, el
Parque Natural Sierra de Guadarrama.
Nadie ha aclarado qué pasará con estos tres espacios
protegidos ni con sus órganos de gestión. Ni siquiera el
personal adscrito a los mismos sabe cuál será su futuro
inmediato.
La Ley de declaración establece que el territorio incluido en
el Parque Nacional se regirá por dicha norma y por el Plan
Rector de Uso y Gestión (PRUG), instrumento de planificación de
la gestión. Pero en tanto no se apruebe ese documento seguirán
vigentes los PRUG de los espacios protegidos existentes
actualmente. Por tanto, se desconoce si los espacios protegidos
actuales deberán coexistir con el Parque Nacional porque no
podrían derogarse al tiempo que mantienen vigente su normativa.
Pero además, hay parte del Parque Nacional que no corresponde
a los espacios protegidos actuales, por lo que en esas zonas
no se sabe cuál será la normativa vigente, si sería el
Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de
Guadarrama. En ninguna parte de la ley de declaración se refiere
a esta cuestión.
Este caos se agrava si ampliamos el foco de atención sobre
la Zona Periférica de Protección (ZPP) del Parque
Nacional. La Ley de declaración crea esta nueva zona y describe
sus límites, pero no establece su superficie, algo que sí hace
para el caso del Parque Nacional. Tampoco indica si deberá ser
gestionada por el mismo órgano que el Parque Nacional o por los
órganos de los actuales espacios protegidos, en caso de que no
desaparezcan, o incluso por terceros.
De acuerdo a la Ley de declaración del Parque Nacional, la
normativa de aplicación en la ZPP se regirá por el PORN de la
Sierra de Guadarrama de cada Comunidad Autónoma, pero por
ejemplo en el caso de Madrid, ese PORN incluye hasta diez zonas
diferentes y ha sido anulado parcialmente por sentencia judicial
de mayo de 2012, aunque la Comunidad de Madrid sigue sin adaptar
el texto a la sentencia. La sentencia obliga a seguir aplicando
la normativa del PRUG del Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares en determinadas zonas de lo que será la ZPP.
En definitiva, Ecologistas en Acción considera que si la Ley de
declaración del Parque Nacional entra en vigor sin haberse
resuelto estas lagunas, el caos en la gestión de la Sierra de
Guadarrama estará asegurado. Resulta incomprensible que las
cosas se puedan hacer tan mal, estando implicadas hasta tres
administraciones distintas (Comunidad de Madrid, Junta de
Castilla y León y Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente) a quienes se presupone el conocimiento y la
coordinación suficientes como para evitar vacíos de gestión de
esta índole.
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