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| El impacto de la Ley Virus sobre El Escorial (Ecologistas en Acción) |
Ecologistas en
Acción ha estudiado el impacto de la ley en el municipio de El Escorial (ver
mapa); el suelo susceptible (fincas iguales o mayores a 6 ha, sin protección
sectorial) en el primero sería de 53.852.322 m2 con una capacidad residencial
de 833 viviendas. El impacto sobre San Lorenzo sería un poco menor por la
cantidad de suelo protegido pero afectaría sobre todo a las grandes fincas de las dehesas. En resumen,
la mayor parte del cinturón verde entre los dos Escoriales y Villalba desaparecerá
con esta ley y se convertirá en una gran urbanización de élite con mansiones y
grandes jardines.
Abajo: comunicado de la Plataforma Antivirus:
Catedráticos, colectivos de urbanistas,
grupos ecologistas y partidos políticos, integrados en la Plataforma Antivirus,
solicitan la retirada de la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles o Ley Virus.
En palabras de la plataforma, la Ley Virus vulnera principios básicos
constitucionales, normativa básica del Estado, directivas europeas, supondrá un
lastre para la economía local, afecta gravemente al suelo y paisaje rurales y
supone un retroceso en las condiciones higiénico-sanitarias de las viviendas.
El pasado 11 de
junio, tras comprometerse la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, se remitió a diversos colectivos el nuevo texto del anteproyecto de
la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles (apodada Ley Virus por el letal impacto
que tendrá sobre el territorio) para que en el plazo de diez días presentasen
sugerencias. Este plazo finalizó el pasado viernes 22 de junio.
El nuevo texto,
aunque introduce pequeños cambios con respecto al documento que se conoció hace
unos meses, sigue manteniendo el mismo objetivo, permitir la construcción
indiscriminada de viviendas, en parcelas de 6 ha en suelos rurales, desvinculadas
de cualquier actividad y eludiendo todos los procedimientos de control sobre la
viabilidad ambiental y urbanística de las mismas.
La Plataforma
Antivirus, formada por colectivos de urbanistas, ecologistas, sindicatos,
partidos políticos y miembros de la universidad a título personal, apodó a la
nueva norma Ley Virus, por la similitud entre el efecto letal de la dispersión
residencial por el territorio, con la infección celular de un virus. Miembros
de esta Plataforma han presentado sugerencias al borrador del anteproyecto
pidiendo su retirada. La nueva norma resulta contraria a numerosos principios constitucionales, de la
normativa básica del Estado, directivas europeas, etc. Además, supone un grave
impacto para el medio ambiente, no beneficia en nada a la economía local, muy
al contrario suponer un lastre para la misma al condenar a la desaparición las
actividades propias del suelo rural, supone un retroceso en las condiciones
higiénico-sanitarios de las viviendas y, por tanto, un riesgo para la salud
pública y ambiental.
Agustín Hernández
Aja, Director del Departamento de Urabanística de la Escuela de Arquitectura de
Madrid afirma que “el tipo de
vivienda que propugna el borrador, resulta contradictorio con las condiciones
de calidad ambiental que debe cumplir una vivienda digna: un entorno social
complejo, la accesibilidad a dotaciones y equipamientos, y el mandato de la ley
del suelo estatal de garantizar que su implantación es acorde con un modelo de
sosteniblidad ambiental basado en el no consumo de suelo natural”.
Teresa Arenillas,
Presidenta del Club de Debates Urbanos considera “desde el punto de vista
conceptual parece un insulto a la razón denominar “viviendas rurales
sostenibles” a unas viviendas que objetivamente no son ni rurales ni sostenibles”.
Mª Jesús González
Presidenta de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura la nueva ley supone una marcha atrás que
manifiesta una falta de conocimiento y una ignorancia en materia de
sostenibilidad que nos pone a la cola de la Unión Europea.
Mª Ángeles Nieto,
portavoz de las asociaciones ecologistas de la plataforma recuerda que estas
viviendas no serán inocuas para el medio ambiente, los accesos, la acometida de
servicios, el vallado, todo supondrá la antropización del territorio. Por ejemplo,
aplicando la ley a los municipios de El Escorial y Colmenar Viejo, el suelo
susceptible (fincas iguales o mayores a 6 ha, sin protección sectorial) en el
primero sería de 53.852.322 m2 con una capacidad residencial de 833 viviendas.
En Colmenar Viejo la superficie afectada sería de 80.104.277 m2 con una
capacidad para 1.141 viviendas.
Igualmente, Carmen Villares diputada de Izquierda Unida teme que el
último pleno habilitado en el mes de julio se haya reservado, precisamente,
para aprobar la ley, mediante un
procedimiento urgente. Alberto Sacristán de Equo resalta que la ley no tiene en los costes
ambientales que tendría la implantación de la ley.
Actualmente la
Plataforma Antivirus desconoce el procedimiento que seguirá la Consejería para
asegurar a quienes han participado la toma en consideración de las sugerencias,
así como los
mecanismos y plazos para conocer los motivos y consideraciones en los que se
base el texto final del anteproyecto, incluyendo la información relativa al proceso de participación
pública.
Por ello existe
el temor de que todo haya sido una maniobra para dar una imagen de
transparencia inexistente y se pretenda acelerar la tramitación de la nueva
norma en las próximas semanas, en pleno mes de julio.
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