EL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO PROMUEVE LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA A PESAR DE SUS DESASTROSAS CONSECUENCIAS



Las Carmelitas, C/ Leandro Rubio
6 de junio: Mientras que la deuda tóxica causada por la burbuja inmobiliaria está dejando España al borde del precipicio financiero, con la prima de riesgo a niveles insostenibles, con desahucios diarios, con varios bancos y cajas cerca de la quiebra o rescatados con un enorme coste al contribuyente y con una huida masiva de depósitos bancarios por temor de una salida del euro, el alcalde de San Lorenzo se empeña en seguir con una operación urbanística especulativa en pleno conjunto monumental del Monasterio.  

Entorno Escorial y la Plataforma Ciudadana Escurialense han presentado sendas alegaciones a la Modificación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de la Colonia Histórica de Abantos-Romeral Sur que dejaría vía libre para la construcción de 36 viviendas en dos bloques en el jardín de Las Carmelitas (C/ Leandro Rubio) a 15 metros de la Casa de la Campaña, parte del conjunto del Monasterio. 

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Hasta ahora estaba prohibido construir bloques de pisos en esta histórica colonia que es tapiz visual de fondo del Conjunto del Monasterio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lo más preocupante de la Modificación es que establece nuevas normas de edificación que permitirán la construcción de bloques de vivienda protegida no solamente en la Calle Leandro Rubio sino en  todo el barrio histórico.

El principal argumento para la Modificación es “el interés general” en construir viviendas protegidas pero, en opinión de Entorno Escorial, la construcción de viviendas en un lugar de tanto valor ambiental e histórico va totalmente en contra de los intereses nacionales, regionales y municipales. Es un acto de grave irresponsabilidad construir viviendas en un municipio con cientos de casas sin vender y promociones enteras sin terminar. La solución al problema de la vivienda sería aprovechar estas casas vacías para el arrendamiento protegido, fórmula establecida por el Decreto 1961/2009.

Otro tema de gran calado es la gran deuda que el Ayuntamiento tendrá que contraer para esta operación urbanística: alrededor de dos millones de euros entre la compra de la parcela (más de 900.000 euros), la gestión del proyecto y la construcción. El maltrecho consistorio sanlorentino acaba de firmar un préstamo al Estado de 3 millones de euros para pagar a proveedores y en su último presupuesto tuvo que subir los impuestos un 14% y las tasas un 10% mientras que varios servicios municipales han sido recortados de forma drástica. En las condiciones económicas actuales una nueva deuda de tal calibre es lo último que necesita la tesorería local, especialmente cuando el éxito financiero de la operación está en duda: varias casas de la última promoción de vivienda protegida en Unamuno siguen sin venderse después de varios años.

Sería muy difícil entender como el equipo del Alcalde de San Lorenzo, José Luis Fernández-Quejo (sueldo base 72.000 euros anuales), podría seguir apostando a toda costa por la construcción especulativa en la situación de terrible crisis que vivimos y acometer un acto de desprotección de un lugar tan importante si no fuera por su trayectoria a lo largo de los últimos veinte años. Siempre el consistorio ha operado al borde de la legalidad urbanística (con varios ejemplos como el reciente caso de presunta corrupción del concejal de urbanismo Gonzalo Cuesta) y siempre ha favorecido los intereses de los constructores y los especuladores en contra del interés general de los ciudadanos de San Lorenzo.

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