16 de julio: Ayer entró en vigor la nueva Ley de
Dinamización de la Actividad Comercial de la Comunidad de Madrid que
permite que todos los comercios que lo deseen pueden abrir al público las 24
horas al día, los 365 días del año sin restricciones. Esta ley responde a los
intereses de las grandes superficies y es una agresión en toda regla a los
pequeños y medianos comerciantes, que mantienen la vida de los pueblos de la
Sierra y que generan empleo de calidad. Además la norma es un ataque frontal a
los derechos de los trabajadores y va a introducir jornadas de diez horas, cambios de
turno fijos de mañana a tarde, jornadas partidas, y obligatoriedad de trabajar
también los domingos y festivos.
La medida responde al modelo consumista que pregona los dirigentes
ultra-liberales de la Comunidad de Madrid y su política especulativa de
destrucción y fragmentación del territorio con la construcción de grandes
centros comerciales. Recordamos que, en San Lorenzo el SAU 2 (Polígono
Miravalle) ya está aprobado y no sigue adelante por falta de dinero de los
inversores privados. También hay otro polígono previsto en la misma zona (cerca
del AP-6) dentro del Plan General de 2009 de San Lorenzo. En El Escorial las
excavadoras ya están destrozando las dehesas para construir una zona comercial dentro
del nuevo Ensanche.
Como en el reciente anuncio de la ley de la liberalización del comercio,
todos los anuncios de nuestros alcaldes de nuevos polígonos y centros
comerciales vienen acompañados de grandes promesas de creación de empleo
que son totalmente falsas. El año pasado el alcalde de San Lorenzo de El
Escorial declaró que el nuevo Polígono Miravalle creará “entre 3000 y 6000”
puestos de trabajo. Este ejercicio de economía-ficción, con un optimismo
absurdo dada la crisis económica, está basado en unas falsas premisas. Los
polígonos y centros comerciales destrozan el comercio local y, según el
Ministerio de Empleo en Buenos Aires, por cada empleo en gran superficie
se pierden seis del comercio tradicional de su área de influencia. Además el
empleo que dan es de muy baja calidad con sueldos míseros, contratos basura y,
muchas veces, la prohibición de la actividad sindical.
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