En diciembre interpusimos una reclamación a la oficina del Defensor del Pueblo (DdP) por la exclusión de nuestros municipios de la transición energética, debido a las prohibiciones y restricciones de las comisiones locales de patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid (CLPH). En los últimos seis meses hemos aportado una serie de largos escritos e informes y aquí contamos el último episodio del culebrón.
En mayo el Defensor respondió a varios escritos nuestros. Han dividido nuestra reclamación en dos expedientes: uno sobre el bloqueo de placas en el Territorio Histórico de la Gran Cerca de Felipe II (BIC 2006); otro sobre la falta de un Plan Especial de Protección (PEP) para el territorio protegido. En nuestras respuestas expresamos extrañeza por la división de nuestra reclamación en dos, dado que la falta de un PEP es la principal causa del actual bloqueo del autoconsumo.
En relación con el expediente del Plan Especial, comunicamos nuestra sorpresa de que el DdP nos pidiera pruebas documentales que las asociaciones de EscoRenovables hubieran solicitado un PEP a las administraciones locales y regional. La falta de un plan especial es un claro incumplimiento del Decreto 52/2006 del Territorio Histórico como Bien de Interés Cultural (BIC) y de un fallo del Tribunal Constitucional de 2014. ¿Por qué hacen falta pruebas documentales cuando la situación es tan claramente irregular? Sin embargo, hemos cumplido para evitar el inmediato cierre del expediente, enviando abundante documentación para demostrar que las asociaciones locales sí llevamos desde 2009 pidiendo un PEP.
En nuestra respuesta sobre el bloqueo de placas mostramos nuestra inconformidad con la actual paralización de nuestro expediente por la falta de un informe del Ayto. de San Lorenzo de El Escorial. Desmontamos fácilmente los argumentos del informe de la CAM sobre los ‘nuevos’ criterios publicados hace poco; los cambios son poco significantes e incluso introducen más ambigüedad en temas como la visibilidad de las instalaciones desde la calle. Tampoco aceptamos el argumento de la CAM que la conservación siempre está encima de la viabilidad energética y económica. Incluso en conjuntos y edificios, en otros países de la UE, se han compaginado ambos objetivos. El informe del Ayto. de El Escorial culpa a los solicitantes por el bajo número de instalaciones autorizadas, por no aportar la documentación adecuada. Se congratula por el aumento de autorizaciones en la segunda parte de 2022, aunque las cifras son irrisorias cuando se comparan con otros municipios colindantes como Galapagar.
Mientras las administraciones se dedican a defender las posturas antagonistas a las placas FV de las comisiones locales – organismos opacos, ineficientes y sin participación ciudadana ninguna – las PYMEs y familias escurialenses sufren las consecuencias. No podemos ahorrar en la factura de la luz mediante el autoconsumo ni podemos acceder a subvenciones o incentivos fiscales. Peor todavía, la comarca está excluida de la transición energética y de una importante acción climática.
Informes enviados por el Defensor del Pueblo.
Informe de la CAM sobre las instalaciones FV en la comarca escurialense.
Informe del Ayto. de El Escorial sobre las instalaciones FV en el municipio.
Respuestas de EscoRenovables:
- sobre la falta de un Plan Especial de Protección.
- sobre el bloqueo de las placas
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